Para la actual administración rusa, en América Latina se está constituyendo un nuevo polo político mundial. “El crecimiento de su papel político es evidente, su voz ya no es un susurro como otrora”, dijo por aquellos días de gira Alexéi Sazónov, subdirector del Departamento de Información del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. El funcionario calificó a América Latina como “un socio serio y potente”, que tiene sus “propios intereses en temas de seguridad internacional, terrorismo y narcotráfico”.

Durante octubre y diciembre pasado, Rusia desarrolló Jornadas de difusión y acercamiento en siete países de la región, que incluyeron no sólo aspectos comerciales, sino también culturales y religiosos. Según la agencia rusa RIA-Nóvosti, el intercambio económico y comercial de Rusia y los países latinoamericanos alcanzó unos 15.000 millones de dólares.

En los últimos meses, se sucedieron dos visitas del presidente venezolano, una del vicepresidente colombiano, Francisco Santos y otras de los presidentes de Argentina, Cristina Fernández y Nicaragua, Daniel Ortega, a Moscú. También se renovó el vínculo entre Rusia y Cuba, con la visita de Raúl Castro. Muchos recordaron durante los viajes del cubano y el nicaragüense otros tiempos, cuando la Unión Soviética era aliado de las revoluciones cubana y sandinista, especialmente durante la década del 80, cuando la URSS intentaba una renovación del “socialismo real” a través de la “perestroika”, (reestructuración) y la “glásnot” (transparencia) en la administración.

Rusia ademas viene trabajando intensamente con Brasil en el llamado grupo BRIC, constituido por las cuatro más grandes economías llamadas “emergentes”.  (Brasil, Rusia, India y China). Algunos “gurús” de la economía mundial, consideran que estos serán los cuatro países dominantes en lo económico hacia el 2050. Goldman Sachs predice que China e India, respectivamente, serán los proveedores globales dominantes de tecnología y de servicios mientras que el Brasil y Rusia serán dominantes como proveedores de materias primas.

Así, el acercamiento de Rusia a América Latina es una ecuación de beneficio mutuo. Para Moscú, se trata de diversificar negocios y apostar en la práctica a una política de multilateralidad, más sensata que la bipolaridad de la posguerra, aprovechando la crisis que en varios frentes enfrenta los Estados Unidos, donde hay que incluir, sin duda, la pérdida evidente y extensa por parte de Washington de predicamento sobre el “patio trasero”: América Latina y el Caribe.

Desde este lado del mundo, en tanto, además de afirmar un rumbo distinto al de la dependencia política y económica con los Estados Unidos, la relación creciente con Rusia es un filón económico. El acuerdo entre Bolivia y Gazprom (el gigante mundial del gas) es sólo un ejemplo entre muchos otros, donde lo energético prima sobre otros aspectos, que sin embargo son destacados como centrales por los medios de comunicación hegemónicos, especialmente los acuerdos en materia militar entre Venezuela y Rusia, donde se presenta a los rusos como una amenaza en la región. Es un discurso que atrasa, propio de tiempos de las hegemonías mundiales inquebrantables. Se vislumbra, por el contrario, voluntad para las relaciones internacionales equitativas. Bienvenidas sean.

Este puede ser el primer saldo de las liberaciones unilaterales del ex gobernador del Meta, Alan Jara; el ex diputado del valle del Cauca Sigifredo López junto a tres militares y un policía, con las que las FARC ya no retienen en su poder a ningún civil “canjeable” por sus presos en cárceles colombianas.

Luego de la muerte natural del líder histórico de las FARC Manuel “Tirofijo” Marulanda, mucho se escribió sobre la posibilidad de que la guerrilla mas antigua de América Latina tomara una línea “dura” y suspendiera las liberaciones en pos de un acuerdo humanitario para el canje de presos de ambos bandos. Esta posibilidad pareció tomar cuerpo cuando en el mes de julio el ejército de Colombia logró en una combinación de soborno y engaño arrancar de manos de las FARC a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, junto a tres estadounidenses ligados al Departamento de Estado de los EE.UU. y una decena de militares.

Sin embargo, la nueva conducción de las FARC con Alfonso Cano al frente demostró que persiste en la voluntad del gesto unilateral para forzar al gobierno de Álvaro Uribe al canje humanitario y, más allá, la apertura de un proceso de garantías políticas para alcanzar la paz en el país. Alan Jara, acaso el político más popular entre los que permanecían en poder de las FARC, lo dijo con todas las letras en la conferencia de prensa posterior a su liberación. “No veo otra salida que la negociada”, aseguró el ex gobernador del Meta, y pidió con urgencia un acuerdo humanitario.

Jara no vaciló además en propinar algunos contundentes cachetazos conceptuales al presidente Uribe. Primero desmintió la supuesta situación terminal de las FARC que se pregona desde la casa de Nariño y apuntó directamente al presidente colombiano:
“lo digo con claridad, siento de todo corazón que Uribe no hizo nada por la libertad de nosotros”. También, consideró que la decisión de las FARC de liberar de forma unilateral a seis rehenes en este operativo “puede indicar un camino político”.

La ecuación es simple, y debería ser cada vez más visible, incluso detrás de los velos de los medios de comunicación adeptos al uribismo: la política de negociación cero de Uribe no sólo no termina con las FARC, sino que tampoco dio resultados considerables en materia de liberación de retenidos. De la “Operación Jaque”, publicitada como la demostración del fin de la guerrilla, se supo rápido que tuvo más de golpe de suerte y traición interna de un par de jefes guerrilleros que de delicada maquinaria de infiltración.

Tal vez por los remanentes de la soberbia de aquellos días dorados de “Jaque”, fue que las Fuerzas Armadas colombianas decidieron “controlar” con movimientos aéreos el recorrido de la comisión humanitaria en la primera jornada de liberaciones. Fue un miembro de Colombianas y Colombianos por la Paz, el periodista Jorge Enrique Botero, el encargado de denunciar la intromisión que podría haber hecho fracasar el operativo.

¿A quién hubiera beneficiado un eventual fracaso? Únicamente al gobierno de Uribe. Será por eso que la reacción contra Botero y Telesur, el canal que difundió su denuncia, llegó de boca de un “halcón” como el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos y por el mismo Uribe, quien dijo que Telesur era “Telefarc”, profundizando la falta grave que significó el uso de los símbolos del canal con base en Caracas en la “Operación Jaque” y que no tuvo ni protestas severas por parte del canal ni retractación desde la casa de Nariño.

El periodista no se amilanó y remarcó que presentaría pruebas de los sobrevuelos militares en un documental de próxima aparición. Santos, por su parte, terminó reconociendo los vuelos que el mismo había negado. Intento tardío para frenar un escándalo que dejó con un pie afuera del gobierno de una de las espadas de Uribe: el comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo.

Dicen que de un jaque se puede salir de dos maneras: pasando a la ofensiva o escapando. Dicen los ajedrecistas que el rey no puede escapar mucho tiempo. “Si liberar a guerrilleros de las cárceles es un aporte al intercambio humanitario, el Gobierno está dispuesto a hacerlo, bajo la idea de que sean gestores de paz y no a reasumir acciones armadas”, dijo Uribe el jueves en Medellín. Matizó de esta forma su negativa cerrada anterior a cualquier intercambio.

Dicen en el ajedrez que ganar tiempo escapando tampoco evita el jaque mate.

El 15 de junio de 1997, las FARC dejan en libertad a 70 uniformados que retenian desde un año antes. La entrega se realizó en la población de Cartagena del Chairá,  en el selvático departamento de Caquetá.

En 2001, también en el Caquetá las FARC liberaron a 42 policías y soldados, esta vez a cambio de 15 guerrilleros detenidos por el ejército. Pocos días después, dejaron libres a 310 policías en el centro y noroeste del país.

En los primeros días de 2008, da sus primeros frutos la mediación encarada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez junto a las senadora colombiana Piedad Córdoba.  El 10 de enero, la ex congresista Consuelo González y Clara Rojas, compañera de campaña electoral de Ingrid Betancourt son entregadas al gobierno de Venezuela con intervención de la Cruz Roja. El gobierno de Colombia, por su parte, revela que el Emanuel, hijo de Clara Rojas nacido en cautiverio, se hallaba con identidad cambiado en hogar de niños del Estado.

En febrero del mismo año, las FARC entregan a los mediadores venezolanos a otros ex congresistas. Luis Eladio Pérez, Gloria Polanco, Orlando Beltran y Jorge Eduardo Géchem.

A pesar del éxito de la mediación venezolana, el gobierno de Álvaro Uribe la dio por terminada, y varios de sus ministros acusaron a Caracas de favorecer el accionar de las FARC en la frontera colombo-venezolana, aunque nunca presentaron pruebas al respecto.

Además de esos 428 liberados el Ejército rescató a otros 15, entre los que se encontraban la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, tres estadounidenses que trabajaban para Departamento de Estado de su país y once militares, en una operación donde simularon pertenecer a la Cruz Roja Internacional y algunos efectivos se camuflaron como reporteros de los canales de televisión Ecuavisa y Telesur.

Por último el 26 de octubre de 2008, el ex congresista Oscar Lizcano, secuestrado en agosto de 2000,  se fugó del cautiverio junto al guerrillero que lo custodiaba.

El ex presidente del Perú Alberto Fujimori está cerca de terminar sus últimos años de vida en prisión. Si el Tribunal que lo juzga por crímenes de lesa humanidad le hace caso al pedido fiscal, el ex hombre fuerte del Perú debería quedar en libertad recién cuando cumpla 97 años.

El fiscal aseguró que en el juicio se recolectó un “abundante material probatorio” del que se desprende “la culpabilidad de Fujimori”, sin que exista “ninguna circunstancia que podría considerarse atenuante”. Al ex mandatario se lo acusa por el homicidio calificado de 25 personas, lesiones graves de 4 personas y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, en los casos conocidos como “La Cantuta”, “Barrios Altos” y “Sótanos del SIE”. En el juicio se demostró que los ejecutores de estos crímenes fueron integrantes del Ejército del Perú, avalados por el Poder Ejecutivo.

Para el fiscal, estos crímenes se ejecutaron desde una estructura de poder militar clandestina (el llamado “grupo colina”), creada y ordenada por Fujimori. “Él es el principal responsable, pues estaba a la cabeza del aparato de poder que impuso”. “El fiscal ha tratado de ser exhaustivo y explicativo ante la sala y ha logrado establecer nexos importantes entre Fujimori y la estructura de poder organizado y como se relacionaba con el brazo armado y ejecutor de esta organización criminal. Es importante que le quede claro a la sala, cómo era imposible que Fujimori no conociera los hechos cuando lideraba este aparato de poder, que precisamente generó las condiciones para que ocurrieran deliberadamente”, opinó Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú, una ONG que sigue de cerca el caso.

Cano agregó que el propio Fujimori decía que públicamente que era él quien lideraba personalmente la estrategia contrasubversiva y que siempre se le mantenía informado de todo: “No solo conocía todo perfectamente, sino que a sabiendas de que estas personas estaban actuando en diversos operativos, se les dejó actuar, tanto a los que están siendo juzgados en este proceso como a otros involucrados en la eliminación de supuestos blancos subversivos. Se trataba, en efecto, de una política de estado”, indicó la abogada.

Los hechos

El 3 de noviembre de 1991, en una casa de Barrios Altos, una zona cercana al casco histórico de Lima, sicarios del “grupo colina” asesinaron a 15 personas y dejaron a otras 4 con heridas graves, mientras celebraban una comida para recaudar fondos con el fin de reparar algunas tuberías de desagüe. Una de los muertos era un niño. Según el gobierno, se trataba de una “reunión de subversivos”. En la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) irrumpieron en las viviendas de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, en La Cantuta.

Nueve estudiantes y un profesor fueron detenidos, luego asesinados y posteriormente enterrados clandestinamente en fosas comunes, que se hallaron varios años después. El tercer caso porque el Fujimori podría enfrentar una condena de 30 años de prisión es el de las torturas y asesinatos cometidos en los sótanos del SIE. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, el Servicio Nacional de Inteligencia empleaba las instalaciones del Cuartel General del Ejército, conocido como “Pentagonito”, como un centro de detención clandestino para los castigos, torturas y ejecuciones a opositores del régimen.

Según los acusadores, Fujimori sabía del uso que se le daba a dicha dependencia además que tenía conocimiento de la estrategia y métodos empleados por las Fuerzas Armadas peruanas en la llamada “lucha contra la subversión”, devenida en terrorismo de Estado y excusa para la persecución de opositores. Para la ficalía, el autogolpe del 5 de abril de 1992 fue planeado y ordenado por el mismo Fujimori para consolidar esa estructura de poder paralela en coordinación con Vladimiro Montesinos, el “monje negro” del mandatario peruano, que enfrenta su propia catarata de juicios por crímenes graves, y que deberá ser investigado también por los casos más graves nombrados arriba.

Ultimos pasos

El 2 de febrero iniciará su alegato final los acusadores y también los defensores de Fujimori. Los primeros reforzarán la estrategia probatoria de la fiscalía, mientras los representantes del ex presidente intentará demostrar que Fujimori no estaba al tanto de los que el ejército hacía clandestinamente. “Vamos a incidir en algunos elementos de prueba para que el tribunal no solo tenga una mejor posibilidad de contextualizar los sucesos de Barrios Altos y La Cantuta, sino determinar cuál era la real ubicación y el poder de dominio de Fujimori en esos crímenes”, dijo Carlos Rivera, abogado del Instituto Legal y representante de las víctimas. indicó también que las matanzas no fueron hechos aislados, sino que conformaron una estrategia en las sombras del Estado.

Se prevé que la defensa de Fujimori inicie su exposición el 11 de febrero y termine el 4 de marzo, organizada en dos audiencias por semana, El acusado hará su propia defensa personal, en los primeros días de marzo, y la sentencia se espera para la tercera semana del mismo mes. Aunque los acusadores aseguran que las pruebas contra Fujimori son irrefutables, la justicia peruana ya obró con alarmante morosidad en el caso. Hace pocos días, Ángel Pino Díaz y Douglas Arteaga Pascual, dos integrantes del grupo colina, recuperaron su libertad porque la Fiscalía de Derechos Humanos se demoró demasiado en presentar la acusación, y aunque en el caso de Pino Díaz mediaban otras denuncias por crímenes de campesinos de humildes caseríos.